En el programa de esta semana, viajamos hasta México para conocer la realidad de los pueblos indígenas y su lucha por el reconocimiento del derecho al medio ambiente, gracias al testimonio de Sara López, una activista que forma parte del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil y del Consejo Nacional Indígena (CNI), con quien charlamos sobre el mal llamado Tren Maya, los monocultivos de palma africana, la invasión de los cultivos transgénicos y el impacto del turismo de masas.
El activismo de Sara López en defensa del territorio, la tierra, el agua, la vida y las comunidades indígenas se remonta a su adolescencia. Formada en la teoría de la liberación, la activista ha dedicado toda su vida a defenderse contra las injusticias a las que se ven sometidas, año tras año, las poblaciones originarias en México. Desde mitad de los años noventa forma parte del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil y del Consejo Nacional Indígena (CNI).
En su trayectoria como activista y defensora de los derechos humanos, destaca su trabajo en Nicaragua, en la formación de comunidades con los recolectores y recolectoras de café, su acompañamiento a comunidades indígenas desplazadas y su lucha en la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas, por la que fue detenida y encarcelada en 2009. Entonces, Sara López pasó once meses en prisión; pero gracias a la presión popular exigiendo su liberación y a una huelga de hambre que protagonizó durante quince días, fue liberada. Actualmente centra su lucha contra la construcción del mal llamado Tren Maya, un megaproyecto faraónico que se ha convertido en el emblema del gobierno de López Obrador y que está teniendo un fuerte impacto en la región y en las comunidades que la habitan.
Este megaproyecto, que implica la construcción de más de 1.500 kilómetros de vía férrea, supone una profunda reordenación territorial y tiene un impacto profundo en todos los ámbitos: el ambiental, el social, el cultural y el económico. Si bien el gobierno mexicano ha asegurado que el proyecto tiene como objetivo facilitar al conectividad entre las comunidades, mejorar la calidad de vida de estas e impulsar económicamente la región, sus habitantes no opinan lo mismo: el megaproyecto trae consigo más deforestación (hasta el momento se han talado 3 millones 444 mil árboles a lo largo de la ruta), más contaminación, la alienación cultural de los habitantes del territorio y más pobreza; así como la conversión de la cultura de los territorios —en este caso la maya— en un producto comercial. Según el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), que es quien se encarga del megaproyecto, en 2053, el tren transportará unos 100.000 usuarios diarios, unos tres millones de pasajeros al mes.
Otro de los problemas a los que tiene que hacer frente la región es a la proliferación de los cultivos de palma africana y el aumento de los cultivos transgénicos, que amenazan los métodos de agricultura tradicional de las comunidades locales y zonas de la biosfera con ecosistemas únicos.
Por último, no hay que olvidar el impacto de la turistificación y la sobreexplotación masiva de la zona en los últimos años ha comportado, además de graves impactos ambientales, el desplazamiento de las comunidades y la migración de la población local hacia ciudades turísticas como Tulum, Playa del Carmen o Cancún para ganarse la vida.
Con Sara López, hemos hablado de su larga trayectoria como activista, y de cómo han aumentado los riesgos a los que se enfrentan las personas que defienden los Derechos Humanos, con una alta tasa de impunidad. También, de ma necesidad de seguir plantando cara a empresas y gobiernos que pretenden hacer negocio destruyendo los ecosistemas y las culturas originarias.
Esperamos que os guste la entrevista.
Entrevista a la defensora de derechos humanos y activista, Sara López (23-05-2024) – Entrevistas
Esta entrevista ha sido posible gracias a la participación de Sara López en Ciutats Defensores dels Drets Humans, un proyecto coordinado por el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament y gestionado por la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat con la participación de 27 ayuntamientos, entre los que se encuentra el de Barberà del Vallès, y 9 entidades e instituciones catalanas implicadas en la defensa y la promoción de los derechos humanos a escala local y global.
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Crédito de la imagen: CDDH
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