El concepto ‘seguridad ciudadana’ es muy ambiguo. ¿Dónde termina la seguridad y empieza el control? Entre esos dos términos hay una línea muy fina que muchos gobiernos del mundo utilizan a su beneficio para establecer un mayor control sobre la población y que a su vez arremete directamente a los Derechos Humanos.
Estas líneas de control han existido a lo largo de la Historia, muchas veces disfrazadas con distintas máscaras. Como instrumento, las fuerzas de seguridad. Autorizarlas de un mayor o menor poder, modificar sus protocolos de actuación o dejar a su criterio la penalización de ciertas acciones, no siempre significa proporcionar una mayor seguridad a la ciudadanía.
Un claro ejemplo es la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que ha incrementado los poderes de los cuerpos policiales y a su vez atenta contra el ejercicio de algunos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
El pasado 30 de mayo, varias organizaciones en defensa de los Derechos Humanos denunciaron, mediante un comunicado, seis años de bloqueo parlamentario de la reforma de la Ley Mordaza. En el mismo texto, exigían a los partidos políticos avanzar hacia la libertad de expresión.
Seis años, sí, casi desde el mismo momento en el que fue aprobada. En todo este tiempo, asociaciones y plataformas han trasladado sus demandas a los partidos políticos, para desbloquear esta situación que se está perpetuando en el tiempo.
Desde su aprobación en 2015, han sido numerosas las ocasiones en que los partidos políticos se han comprometido a modificar o eliminar la Ley Mordaza. En abril de 2016, el Congreso instó al Gobierno a derogar la ley, y ya Pedro Sánchez, en 2018, en su discurso de la moción de censura al entonces presidente, Mariano Rajoy, expresó su intención de modificar los artículos que ponían en riesgo la libertad de expresión. En diciembre de 2019, el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos contemplaba reformar la ley.
De lo que se va sabiendo por ahora, la reforma avalada por el PSOE es tibia y apenas entra en los artículos más polémicos que chocan frontalmente contra derechos fundamentales, tal y como también ha manifestado el Consejo de Europa, entendiendo que esta ley atenta contra los derechos de libertad de expresión y de manifestación, entre otros, y que es necesario derogar la presunción de veracidad que tiene la Policía y que va en contra del derecho a la defensa.
Estamos ante una ley tan interpretable, llena de conceptos jurídicos indeterminados, y que entra en tantos ámbitos de la ciudadanía, que hemos querido saber más. Desde qué implica que esté vigente y qué derechos vulnera, hasta qué reformas se reclaman o para qué se está usando. Para aclarar todas las dudas, hemos hablado con la abogada y portavoz de la plataforma No Somos Delito, Sara López, que nos ha ayudado a entender la urgencia de desbloquear la reforma de esta ley y cuáles son sus demandas para que el nuevo texto respete los derechos fundamentales.
Ya podéis escuchar la entrevista.
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Crédito de la imagen: Amnistía Internacional, Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Coordinadora de Vivienda en Madrid, Defender a Quien Defiende, Federación de Sindicatos de Periodistas, Greenpeace, Irídia, No Somos Delito, Plataforma por la Libertad de Información, Rights International Spain y Sindicato de Manteros.
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